Las opiniones del debate deberán ser identificables.
Esta sección pretende constituirse en el rostro principal de este sitio. Su motivación central es proponer desde nuestra mirada institucional y la de otros actores relevantes, un análisis crítico de la actualidad mapuche vista desde distintos puntos de vista, ángulos que en definitiva buscaremos hacerlos confluir en una perspectiva declaradamente política.
No queremos transformar esta iniciativa en un surtidor más de noticias y opiniones varias sobre "lo mapuche", sino más bien relevar en el debate abierto, principios y opiniones institucionales explicitadas en nuestra presentación, posturas que esperamos confrontar sanamente con otras personas e instancias verdaderamente interesadas en aportar a estos fines que tienen como horizonte real, aportar al conjunto de nuestro Pueblo. Convocamos a todos los interesados (as) a enviar sus aportes y comentarios a los diferentes temas que periódicamente pondremos en circulación. Desde ya dejamos en claro que, aunque no figura en nuestro ánimo la censura, sin embargo y dada la naturaleza ya enunciada de este espacio, nos reservaremos el derecho a publicar lo que concienzudamente consideremos importante y enriquecedor (estemos o no de acuerdo con ello) a los fines ideados. Esperamos entonces sus palabras.
o las dos caras de la estrategia gubernamental post "dialogos comunales"
Por segunda vez, tal como en 1997 ante la quema de camiones en Lumako, el gobierno a través del Intendente de la IX Región, Oscar Eltit, ha solicitado a los tribunales de justicia la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado en el marco de los conflictos entre las comunidades mapuche y empresas forestales, en esta oportunidad en la comuna de Collipulli. Este requerimiento, estuvo pensado desde mucho antes a nivel del Ministerio del Interior, sin embargo sólo se hizo efectivo una semana después de realizada la ceremonia en la cual el Presidente Eduardo Frei anunció una serie de medidas sociales y económicas para enfrentar las demandas mapuche, que fueron -según el gobierno- los aspectos principales planteados por las comunidades mapuche en la serie de "diálogos comunales" implementados principalmente en la IX región.
El rostro democrático que pretendió mostrar el gobierno con estos "diálogos comunales" y los posteriores anuncios de la Moneda, evidentemente no han surtido todo el efecto esperado. Esto debido a la serie de críticas que desde distintos sectores se han dejado caer sobre las proposiciones, no sólo de parte de dirigentes mapuche sino también de parlamentarios oficialistas, reparos que pusieron de manifiesto que esta propuesta no abordó de manera concreta una solución global al tema original y fundamental del conflicto; la tierra. Por otro lado, porque ha quedado en evidencia el auténtico montaje creado por el gobierno y los consejeros mapuche de la Conadi, quienes pretendieron enaltecer un mentado "Pacto por el respeto Ciudadano" de escasa relevancia y seriedad para cualquiera de las partes en conflicto. Muestra gráfica de esto la dieron uno de los actores básicos de la pugna; los empresarios, quienes esperando acciones represivas más concretas y eficaces y no tanta farándula, rechazaron de plano firmar dicho pacto apelando a una lógica elemental pero concluyente: rubricar los acuerdos podría a la larga comprometerlos más que protegerlos. Vistas así las cosas, los mentados anuncios y el pacto mismo, terminaron a poco andar desperfilándose totalmente y a estas alturas de su letra y contenidos nadie recuerda nada.
Al solicitar dichos recursos judiciales, sutilmente el gobierno operó con la lógica que una vez finalizadas las medidas "civilizadas", sus próximos pasos de carácter represivo no encontrarían oposición y sí, al contrario, legitimidad. En este sentido, las detenciones de comuneros y dirigentes en Collipulli y Lebu, coronaron un verdadero trabajo de inteligencia que venía realizándose a la par de los "diálogos comunales". La serie de denuncias de represión psicológica y física, sobornos y la presencia de ex militares y uniformados armados como miembros de seguridad de las empresas forestales, nuevamente -como en 1997- hicieron que la estrategia represiva del gobierno se volviera como boomerang y se debilitara, toda vez que sus acusaciones poco sólidas, que los propios jueces se han encargado de desmentir, no han hecho más que graficar la verdadera intencionalidad de fondo, al pretender acallar la legítima reivindicación mapuche a través de la coerción.
Sin embargo, la sincronización de ambos procedimientos (uno político, otro represivo), tan distintos en su naturaleza, ha dejado de manifiesto la aplicación de una estrategia gubernamental integral, en la cual la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado y las iniciativas asistencialistas y políticas forman un todo. El objetivo central de esta estrategia en definitiva es neutralizar o en el mejor de los casos retardar el proceso orgánico, político e ideológico de carácter autonomista por el cual hoy transita parte importante del movimiento mapuche, proceso que gradualmente ha ido adquiriendo mayor aceptación y simpatía.
En lo coyuntural son dos los mecanismos por los cuales el gobierno ha querido alcanzar sus objetivos: 1) aislando, reprimiendo y criminalizando por la vía policial y jurídica a los sectores que han ido levantando un discurso autonomista, a través del impulso o apoyo de las movilizaciones y recuperaciones de tierra. 2) legitimando mediante negociaciones político-partidarias, la creación de organizaciones artificiosas, como por ejemplo el rápidamente fenecido "Movimiento Mapuche 2000"; impulsando los "diálogos comunales" y validando, por medio de las próximas elecciones a consejeros de la Conadi, a dirigentes proclives a la política indígena del presente y futuro gobierno de la Concertación.
En este marco, las detenciones practicadas contra miembros de la Coordinadora Arauko-Malleko son un resultado parcial de la estrategia diseñada por el Gobierno, las que responden tan sólo a uno de sus aspectos y, por lo tanto, a un logro momentáneo y puntual. Si a esto se suma la insuficiente respuesta del gobierno ante la demanda política mapuche, la que se ha centrado en el reconocimiento de los derechos colectivos en tanto pueblo, que se sintetizan en los planteamientos de territorio, autodeterminación y su expresión política la autonomía; la maniobra del gobierno vista en su conjunto ha sido un fracaso.
En su versión comunicacional, el gobierno ha pretendido exponer deformadamente ante la opinión pública la existencia de una falsa contradicción, a la cual todos los Estados (que se ven enfrentados a algún grado de tensión étnica) suelen apelar para ocultar el conflicto político base y al mismo tiempo seguir justificando su estrategia. Se exhibe así la burda imagen de la existencia de "mapuche malos" o más bien "mapuche violentos", que no desean ninguna solución y "mapuche buenos", es decir aquellos "mapuche dialogantes", dispuestos a colaborar en bien de todos, inclusive entregando información para la acción política y policial del Estado, como lo ha dejado entrever el propio Intendente de la IX Región, al comentar que las fuentes que habían entregado información sobre los "actos violentos" que estarían preparando grupos mapuche para el 12 de octubre, son los organismos de inteligencia y mapuche que "condenan la violencia".
Ante esto, el movimiento mapuche autónomo no debe dejarse arrastrar ni distraer por esta falsa contradicción alimentada por el gobierno, que se suma a su interpretación de rivalidades de liderazgos al interior del movimiento mapuche que ha promovido las movilizaciones, en la cual la falsa y burda disputa de "quien es más radicalizado" sería un problema central. Si bien las diferencias de ópticas en el movimiento mapuche autónomo son un hecho real, los métodos de acción no deberían ser actualmente una contradicción esencial.
Frente a este escenario de no solución a sus demandas fundamentales, el movimiento mapuche de carácter autónomo debe continuar robusteciendo el proceso autonomista, promoviendo conjuntamente la movilización social, en particular la recuperación territorial, y los derechos políticos colectivos señalados. El esfuerzo principal hacia adelante es construir una plataforma autonomista que tenga como columna vertebral y objetivo el derecho de autodeterminación, en la que confluyan mediante un acuerdo político interno aquellos sectores autónomos que deseen transitar por un camino absolutamente opuesto al que históricamente ha ofrecido el Estado. Salida basada en el mero asistencialismo e indisimulado integracionismo institucional, mientras se ocultan y niegan los derechos que como colectividad nos corresponden.
